El plan que exponíamos no lo consideramos, naturalmente, exento de objeciones. Puede ser objeto de críticas. Se nos han hecho varias, a las que desde luego nos resulta fácil dar satisfactoria respuesta. Así lo hacemos a continuación, recomendando a la vez a nuestros críticos un mejor examen del plan y de sus consecuencias.

Alguien nos indica que su funcionamiento equivale a un impuesto indirecto contra los productores.

Otros sostienen que desde el momento en que existe un monopolio a favor de un organismo, sea el que sea, se da un golpe intolerable a la libertad de transacciones.

Otros insisten en el carácter teórico del plan, y que debido a las grandes probabilidades de fraude y a las dificultades de organización no podría sin duda funcionar en la práctica.

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En presencia de estas críticas, nosotros decimos:

La diferencia eventual entre los precios de compra y los de venta no tiene en modo alguno carácter de impuesto. Sería en todo caso el más indirecto de los impuestos, porque el productor no tendría que desprenderse de nada, no tendría que temer medida alguna vejatoria por parte del fisco. A los labradores no tendría que preocuparles más que una cosa: que el precio señalado para las compras del Sindicato fuese rentable.

Si el Sindicato se ve luego obligado a vender más caro es porque ha adquirido la totalidad de la recolección. Repetimos que la diferencia entre los precios de compra y los de venta no representa ni un impuesto ni un beneficio. Los importes, por el contrario, en su totalidad están destinados a los productores del trigo.

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Respecto a que se trate de un nuevo organismo más del Estado y que represente un intolerable ataque a la libertad de transacciones, no lo creemos así. Habrá que precisar los conceptos.

Sería, en efecto, el Sindicato un signo de estatismo, pero de un carácter absolutamente nuevo, que no gravaría en nada el presupuesto del Estado. El Sindicato Nacional del Trigo aseguraría por sí mismo el equilibrio de sus ingresos y de sus gastos. No sobrevendrían pérdidas para el Estado, porque si su gestión es nacional no puede haber pérdidas de ninguna clase. No se olvide que el Sindicato que propugnamos entra más que en un sistema de estatismo en uno de corporaciones. La corporación no fija el precio, sino que una vez fijado por los poderes públicos en nombre del interés general, asegura el respeto a ese precio en beneficio de los intereses particulares de sus miembros. El interés general exige un precio justo y el interés particular de la corporación que este precio sea efectivo y que beneficie a todos.

Si hay en efecto un ataque a la libertad de comercio es en un solo punto: no hay libertad para malvender o vender a intermediarios, no hay libertad para especular y hay siempre, por el contrario, para todos los labradores la certidumbre de que venderán todo el trigo al precio convenido.

Pero una vez admitida esta restricción, una vez que el productor se someta a esta sencilla disciplina, conserva todas sus libertades. Puede sembrar a su gusto, puede elegir la variedad de simientes que le convengan. Su economía, pues, será perfectamente libre. El único regulador de sus iniciativas será, como en el sistema liberal más ortodoxo, el precio a que ha de vender el trigo. Y el precio será un regulador tanto más sincero mientras más estable. Y no será la recolección la que influya sobre el precio, incidencia llena de incertidumbres, sino que es mediante el precio como se influirá en la recolección, intervención más fija y segura, porque quien siembre no estará así nunca tentado por la esperanza de que sobrevenga un alza problemática y milagrosa.

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Las críticas más serias que se nos envían afectan al posible funcionamiento del Sindicato. Reconocemos que se advierten desde luego dificultades numerosas para su puesta en práctica, es decir, para pasar de la concepción teórica a la plena realidad del plan.

Pero a esas dificultades puede intentarse hacerles frente.

¿Cuál sería la personalidad jurídica del Sindicato Nacional del Trigo y cómo funcionaría? Habría secciones regionales y locales. El labrador podría vender directamente su trigo al harinero, y en tal caso habría que señalar una tasa a percibir en provecho del Sindicato. Existe asimismo problema en el establecimiento de los precios relativos a las diversas calidades de trigo. También en la salvaguardia contra el fraude, ya que hay una diferencia entre el precio de compra y el de venta. ¿Serían sometidos los harineros a un severo control o, por el contrario, debería recaer la vigilancia sobre los labradores?

Naturalmente que un Sindicato al que se le iban a señalar poderes tan complejos, tan extensos, había de ser de un funcionamiento muy delicado. Se le presentaría un manojo de problemas de organización cuya solución no resultaría fácil para una sola persona. Y además a las dificultades obligadas de orden práctico, había que añadir sin duda las que iban a crear los intereses particulares heridos, y que intentarían sabotear y desacreditar al Sindicato.

El Sindicato Nacional, que representaría al conjunto de los cultivadores, habría de tener el mayor interés como corporación en que el fraude no comprometiera el éxito de la empresa. Poco a poco, la técnica de funcionamiento del Sindicato, que al principio sería rudimentaria, iría cobrando robustez. Con auxilio de la experiencia se simplificarían las operaciones, se perfeccionaría el sistema de los diversos precios según las calidades y, desde luego, se encontrarían los labradores con la gran ventaja de que a su preocupación por el buen o mal tiempo no tendrían que añadir otra tan profunda como ésa, la preocupación por los precios del trigo en el mercado.

Creemos que en nuestro plan hay entre otras una visible ventaja, y es la supresión de los intermediarios. Continuarían si acaso en una esfera de acción limitadísima. Esto es, no serían ya sino los mandatarios de otros, a los efectos de evitar pérdidas de tiempo y de agrupar a los productores más pequeños. Pero desparecerían sin ninguna duda los grandes beneficios especulativos nacidos del agio y de las maniobras escandalosas de los acaparadores.